Sebastián insistió en aprobar el decreto ley y su convalidación por urgencia para que España gane en "competitividad, seguridad y sostenibilidad".
Asimismo, la aprobación supondrá que el Estado asuma los costes de la producción de electricidad fuera de la península, mientras que las eléctricas costearán el "bono social" y la gestión de residuos radiactivos, añadió Sebastián.
Nadal indicó que el Gobierno "tiene miedo" de esa subida y por ello ha establecido el "bono social", que, insistió, tan sólo garantiza una congelación para "determinados colectivos".
El diputado del principal partido de la oposición consideró también que el decreto ley supone una "confesión implícita" de que en las energías renovables "algo no ha ido bien", ya que se crea un registro que servirá para hacer un seguimiento de la potencia instalada, lo que "dificulta el desarrollo de nuevas instalaciones y supone un atentado contra el sector de las renovables".
En la misma línea, Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU, cuestionó la creación de ese registro de "preautorización" para instalaciones renovables, que dijo, invade competencias de las Comunidades Autónomas.
No obstante, justificó el voto favorable de CiU por la necesidad de resolver ya el déficit de tarifa, si bien lamentó la "escasa" concreción de medidas como el "bono social", que afectará a "muchísimos menos consumidores" de los que calcula el Ejecutivo.
Desde el PNV, Pedro Azpiazu valoró la resolución del déficit tarifario y vio positiva la creación del "bono social", por lo que apoyó el real decreto, con la condición de que se evite la misma invasión competencial que criticó Sánchez Llibre y el diputado de ERC-IU-ICV Joan Herrera.
Este último pidió la tramitación como proyecto de ley, entre otras razones, por ser "una cesión a las eléctricas" que acabarán pagando los consumidores en el recibo de la luz.
Desde Coalición Canaria, Ana Oramas advirtió de que quedan aspectos importantes "en el alero", interrogantes para votar que sí al real decreto, que supone un "serruchazo" a la energía eólica en las Islas Canarias; mientras que Francisco Jorquera, de BNG, instó a dar prioridad a los criterios de renta para la concesión del "bono social".