Esta mayor exigencia de dotación, que las entidades deberán consignar en sus cuentas correspondientes a 2010, cumple un doble objetivo, por una parte, pertrechar a las entidades para que afronten posibles pérdidas por venta de pisos y solares, por ejemplo, en caso de que el precio de salida sea inferior al de tasación.
Por otra parte, al elevar estas provisiones se incentiva a las entidades financieras a que se desprendan cuanto antes de los activos inmobiliarios en cartera, por lo menos después de haberlos tenido un año en balance, con el fin de evitar tener que provisionar más.
Banqueros, expertos y organismos internacionales coinciden en pronosticar que la morosidad -en el 5,07% a finales de 2009, según datos oficiales del Banco de España- aún no ha alcanzado su nivel máximo, mientras que el precio de la vivienda bajó más de un 6% el año pasado en relación a 2008, según las cifras del Ministerio de Vivienda.
La adjudicación de activos inmobiliarios a cambio del pago de deuda es una forma que tienen las entidades financieras de frenar la evolución al alza de la tasa de impago. El crédito concedido por bancos y cajas a la actividad inmobiliaria en el conjunto de España se eleva a 324.000 millones de euros.
Según la Asociación Hipotecaria Española, la deuda inmobiliaria es inasumible para la banca española, sobre todo la contraída por los promotores, opinión que no comparten desde el sector financiero, tal y como sostuvieron recientemente, el presidente del Santander, Emilio Botín, o el del Popular, Ángel Ron.