A diferencia de Estados Unidos o muchos otros países en Europa, España no ha tenido que inyectar ningún capital en sus bancos. Desde 2000, gracias a la estricta regulación del Banco de España, las instituciones financieras han acumulado un colchón de capital con el que sobrevivir los primeros veinte meses de la crisis global de crédito. El regulador bancario español también ha ayudado a los bancos a evitar vehículos fuera de balance e instrumentos financieros tóxicos que llevaron a muchos otros bancos a pasar dificultades.
Pero España entró oficialmente en recesión en el cuarto trimestre de 2008. Un creciente número de analistas cree que el Gobierno tendrá que inyectar capital en los bancos dentro de poco, particularmente en las cajas. Moody's Investors Service dijo el mes pasado que las fusiones serían probablemente una necesidad para sobrellevar la crisis.
Debido a sus sólidos lazos con las comunidades y negocios locales, las cajas de ahorro han sufrido en sus carnes el colapso del sector de la construcción durante el último año. Las cajas tienen una tasa de morosidad del 3,79% del total de sus préstamos a finales de 2008, desde el 0,89% de un año antes. En cambio, la tasa de morosidad de los bancos cotizados era del 2,8% a finales de 2008, desde el 0,77%.
Los analistas esperan que los préstamos impagados en el sector bancario ascienda al 9% este año, un nivel desconocido desde la recesión de 1992-1993 en España. Un número que será mayor en las cajas.
"Las instituciones medianas y pequeñas, principalmente cajas de ahorro, son las más vulnerables porque están más expuestas al mercado de la construcción y a segmentos de población de bajos ingresos", avisó Standard & Poor's Ratings Services en un informe reciente.
Hasta ahora, el Gobierno ha intentado solventar los problemas de las cajas fusionándolas con otras más poderosas. Pero el complicado rompecabezas regional podría dificultar esos procesos. Los miembros de los consejos de las cajas nombrados por los políticos se sientan en varias de ellas. Los políticos ayudan a las cajas directamente para aumentar su gasto en obra social. Se resisten a entregar el control a través de una fusión, particularmente con entidades de otras regiones.