Los legisladores suizos se enfrentan a un delicado equilibrio a la hora de definir las nuevas normas de capital para UBS, el mayor banco del país, tras el colapso de Credit Suisse en 2023. Unas exigencias demasiado estrictas podrían perjudicar la competitividad internacional de la entidad y empujarla a trasladar su sede al extranjero, mientras que una regulación demasiado flexible podría provocar una reacción política y prolongar la incertidumbre mediante un posible referéndum.
La comisión de la Cámara Baja del Parlamento suizo comenzará el próximo 26 de octubre a debatir las normas aprobadas el mes pasado por la Cámara Alta, que la dirección de UBS ha calificado de excesivas. Según Reuters, las perspectivas de que finalmente se adopte una regulación sustancialmente más flexible son reducidas, aunque todavía existe margen para negociar una solución intermedia.
Una reforma impulsada por la crisis de Credit Suisse
El origen del debate se encuentra en la adquisición de Credit Suisse por UBS en marzo de 2023, una operación de emergencia respaldada por las autoridades suizas para evitar una quiebra desordenada. La integración convirtió a UBS en una entidad de enorme tamaño en relación con la economía suiza, aumentando la preocupación sobre la capacidad del Estado para afrontar una eventual crisis bancaria de grandes dimensiones.
El Gobierno pretende reforzar la solvencia del banco y reducir el riesgo de que los contribuyentes tengan que asumir el coste de un futuro rescate. El principal punto de fricción es el capital que UBS debe mantener para respaldar las actividades de sus filiales extranjeras.
La propuesta inicial del Gobierno contemplaba exigir una cobertura del 100% mediante capital ordinario de máxima calidad, conocido como CET1 (Common Equity Tier 1). La Cámara Alta ha respaldado una alternativa que reduce esa exigencia al 90%, aunque UBS considera que sigue siendo demasiado elevada y defiende una cobertura del 50% con CET1, permitiendo utilizar instrumentos de capital adicional de nivel 1 (AT1) para cubrir parte del resto, de acuerdo con las condiciones regulatorias aplicables.
El CET1 está compuesto principalmente por acciones ordinarias y beneficios acumulados y constituye la primera línea de defensa frente a las pérdidas. Los instrumentos AT1 también pueden absorber pérdidas, pero presentan características diferentes y pueden ofrecer al banco una alternativa de financiación menos costosa que el capital ordinario.
Según las estimaciones recogidas por Reuters, UBS calcula que la propuesta del 90% podría obligarle a mantener aproximadamente 18.000 millones de dólares adicionales de capital. El Gobierno había estimado inicialmente un impacto de unos 20.000 millones de dólares para su paquete de reformas, aunque las cifras dependen de la versión de la propuesta y de los instrumentos admitidos.
UBS advierte del impacto sobre su competitividad
La entidad considera que unas exigencias de capital excesivamente elevadas podrían reducir su rentabilidad sobre recursos propios y limitar su capacidad para distribuir dividendos, recomprar acciones e invertir en el crecimiento del negocio.
UBS compite internacionalmente en gestión de patrimonios, banca de inversión y gestión de activos. Si tuviera que inmovilizar más capital que sus rivales para desarrollar actividades similares, podría quedar en desventaja frente a otras entidades financieras.
Las advertencias también han generado preocupación en el tejido empresarial suizo. Diversas asociaciones empresariales han alertado de que una regulación demasiado restrictiva podría encarecer la financiación y reducir la disponibilidad de crédito para las compañías, además de perjudicar el atractivo de Suiza como centro financiero internacional.
El conflicto, por tanto, trasciende los intereses de una única entidad. Las autoridades deben proteger la estabilidad financiera sin deteriorar la competitividad de uno de los principales actores de la economía suiza.
El traslado de la sede, una alternativa sobre la mesa
La posibilidad de que UBS abandone Suiza ha ganado protagonismo en el debate. El banco está estudiando planes de contingencia que podrían incluir el traslado de su sede legal, una fusión con otra entidad financiera o una operación corporativa que facilite su expansión y eventual reorganización internacional. Entre las alternativas figuran Londres y Estados Unidos, dos mercados con una importante actividad financiera y oportunidades de crecimiento en la gestión de patrimonios. El Financial Times informó el 16 de octubre de que el Gobierno británico había intentado atraer a UBS para que trasladara su sede legal y su cotización bursátil a Londres.
Un traslado implicaría importantes dificultades jurídicas, fiscales y regulatorias, además de costes operativos y consecuencias para su identidad suiza. La entidad mantiene una fuerte presencia en su mercado de origen y ha expresado su preferencia por permanecer en el país si se alcanza un compromiso regulatorio aceptable. Por ello, la amenaza de una salida también puede interpretarse como un instrumento de presión en las negociaciones con los legisladores.
El riesgo de un referéndum prolonga la incertidumbre
La discusión parlamentaria se complica por la posibilidad de que la reforma termine sometida a una consulta popular. El Partido Socialista suizo ha defendido unas exigencias de capital estrictas y ha advertido de que podría impulsar un referéndum si el Parlamento suaviza demasiado las normas. La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, también ha señalado la posibilidad de una consulta si el resultado no garantiza una protección suficiente.
El escenario plantea dos riesgos contrapuestos. Una regulación demasiado flexible podría provocar una reacción política y prolongar la incertidumbre, mientras que unas exigencias excesivas podrían llevar a UBS a reconsiderar su permanencia en Suiza.
La comisión de la Cámara Baja iniciará sus deliberaciones el 26 de octubre. El debate parlamentario podría continuar durante los próximos meses y extenderse hasta 2027, dependiendo de la evolución de las negociaciones y de la posible convocatoria de un referéndum.
Los accionistas, pendientes del desenlace
Para los inversores, el resultado de las negociaciones será relevante por sus posibles efectos sobre la rentabilidad, la estructura de capital y la política de remuneración al accionista de UBS. Si se mantiene una exigencia cercana al 90%, el banco podría afrontar una mayor presión sobre sus recursos propios y su capacidad para distribuir capital. Un acuerdo más flexible podría reducir parte de ese impacto, mientras que un referéndum o un prolongado bloqueo legislativo mantendrían la incertidumbre sobre la estrategia y los costes futuros de la entidad.
Un eventual traslado al extranjero también abriría interrogantes. Aunque podría ofrecer ventajas regulatorias o estratégicas, supondría costes de ejecución, riesgos de integración y posibles cambios en la valoración del banco. Por tanto, no puede darse por hecho que una salida de Suiza beneficiaría automáticamente a sus accionistas.