"La revisión refleja el mayor peso que le atribuimos ahora en nuestro 'Bicra' para España a los riesgos que vemos surgir del deterioro económico del país", dice la analista de S&P Elena Iparraguirre.
Para la firma, los puntos más débiles del sector financiero español radican en el elevado endeudamiento del sector privado, sobre todo empresarial, en la rapidez de la expansión crediticia antes de la desaceleración económica en 2008, y en la excesiva concentración de riesgos en los segmentos de la construcción y el sector inmobiliario.
Concretamente, la firma considera que el crecimiento real de la economía se mantendrá bajo en la recuperación, lo que retrasará la reducción de la tasa de paro, y que el crecimiento se verá constreñido por los desequilibrios acumulados durante la fase de expansión.
Hasta que no se absorba el excedente inmobiliario, agrega, la construcción y sectores aparejados no contribuirán al crecimiento económico, mientras que el sector público tampoco aportará significativamente al futuro crecimiento, debido a su deterioro fiscal.
REESTRUCTURACIÓN DE CAJAS
S&P destaca también la necesidad de que se aborde la reestructuración financiera, enfocada en las cajas de ahorros, porque en caso de que las entidades no adapten su infraestructura para adaptarse a un entorno operativo de menor crecimiento, los fundamentos y competitividad del sistema se verían negativamente afectados.
Este proceso se está ralentizado "por la reticencia de los gobiernos regionales de perder el control de sus cajas de ahorros, y algunos de los proyectos de consolidación podrían no ser los más adecuados desde un punto de vista empresarial y económico", sostiene.
Para S&P, la consolidación del sector de las cajas de ahorros es una oportunidad para fortalecer su gestión y limitar la intervención política, y las agresivas estrategias de algunas cajas de ahorros durante el 'boom' crediticio llevó a algunas distorsiones en el mercado que deberían evitarse en el futuro.
No obstante, le firma incide en que el sector financiero español afronta el difícil escenario económico desde una "buena posición" gracias al fuerte marco regulatorio y supervisor, a su resistente rentabilidad operativa y a su modelo de banca minorista.
Asimismo, considera que el riesgo económico de España se ve compensado por el tamaño y salud de la economía, la estabilidad ganada con la inclusión en el euro, la buena cultura de pago y el uso limitado de productos complejos de crédito, a lo que se suma un efectivo marco legal.