Para ello, la política monetaria ha neutralizado incipientes episodios de inestabilidad financiera (en la parte corta de la curva de tipos de interés americana o en las primas de riesgo europeas) con potentes intervenciones en los mercados que supondrán un aumento en el tamaño de balance de los principales bancos centrales de entre 15 y 25 puntos porcentuales de PIB, sólo este año. Creando, de paso, espacio fiscal para facilitar la actuación de los estabilizadores automáticos y la puesta en marcha de políticas fiscales discrecionales que buscan el sostenimiento de rentas de los agentes a través de: esquemas de suspensión de empleos (ERTES), avales para facilitar el flujo de crédito y ayudas sectoriales (en algunos casos, a través de las tomas de participaciones empresariales). A estas alturas, sería precipitado valorar la efectividad y la suficiencia de las medidas de política económica implementadas, cuando los datos son muy limitados, y la clave será la respuesta de la actividad a partir del mes de junio.
Pero, de momento, las tensiones en los mercados financieros parecen, razonablemente, controladas y los esquemas de suspensión de empleo han suavizado el impacto inicial en el mercado de trabajo. Siendo conscientes de que la intensidad de la salida dependerá no sólo de las medidas de política económica sino, también, de la estructura sectorial de cada país, del tamaño y presencia de las empresas en mercados exteriores, de la evolución de la confianza de los agentes y de la coordinación en la deshibernación para evitar cuellos de botella en el funcionamiento de las cadenas de valor. De momento, el número de comercios activos en España, prácticamente, se ha duplicado desde los mínimos, aunque todavía el nivel es más de un 30% inferior al existente antes de la crisis, mientras las compras presenciales dan señales de paulatina recuperación, aun manteniéndose lejos de los niveles de la primera quincena de marzo. De la misma forma, los datos de movilidad muestran mejoras, más marcadas en automóviles (-50% respecto a niveles de febrero) que en transporte público (-77%).
Por último, la confianza de los agentes también se va recuperando en Europa (30,5 en mayo frente a 13,6 en abril), aunque todavía muy lejos de los niveles de febrero (51,6) y, por tanto, del umbral a partir del cual se pueden ir normalizando las decisiones de consumo e inversión. Lo sorprendente ha sido la subida hasta máximos de cinco años del principal índice de confianza de los inversores en Alemania (ZEW), lo que no deja de reflejar la dificultad de medir el sentimiento de los agentes en circunstancias como las actuales, así como la volatilidad que pueden mostrar esas expectativas.
En este contexto, si por algo ha pecado Europa es por falta de ambición en la estrategia para el día después. Es cierto que la flexibilización en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las ayudas del paquete europeo instrumentado en tres niveles (SURE, BEI y MEDE) conforman un importante dique de contención, valorado por la Comisión Europea en 3,4 billones de euros. Pero la potencia de fuego está muy desequilibrada, con un peso desproporcionado de los países que llegaron con mayor margen fiscal a la crisis (prácticamente, el 50% de las ayudas de Estado son alemanas). En este sentido, suena bien la música del Plan de Reconstrucción presentado por el eje franco-alemán el pasado lunes, a la espera de los detalles, una vez pasados los numerosos filtros nacionales y comunitarios (parece que la propuesta definitiva podría estar el 27 de mayo).
En primer lugar, por los cuatro objetivos estratégicos del plan: reactivación económica, reforzamiento del sector sanitario, aceleración de la transición ecológica y digital y fortalecimiento de la capacidad industrial europea. En segundo lugar, porque las ayudas (500.000 millones de euros es la cifra inicial) no serán crédito/ endeudamiento para los países y se financiarán con emisiones de la Comisión Europea a largo plazo (20-30 años), bajo el paraguas del presupuesto europeo.
Por tanto, serán elegibles en los programas de compra del BCE que permiten acceder a deuda con vencimiento hasta 31 años (con un límite de tenencias por emisor/emisión del 50%) y el objetivo (difícil de conseguir) es que se paguen, en la medida de lo posible, con tributos europeos. Estamos hablando de un programa importante en tamaño (3,5% del PIB europeo), pero, sobre todo, el primer intento serio de compartir riesgos en nuestro continente mediante la emisión de un bono comunitario. Además, tiene un enfoque sectorial, algo muy importante para los tiempos venideros.
De momento, el proyecto tiene la fortaleza del eje franco-alemán para afrontar las reticencias manifestadas desde el primer momento por Austria, Países Bajos o Suecia. Algo también entendible, pues ese paso sólo se puede dar de la mano de un rediseño del Pacto de Estabilidad y con condicionalidad ligada a una agenda de reformas por parte de todos los países de la zona euro, única vía para aumentar el crecimiento potencial en la región.
Marco fiscal
En este sentido, la suspensión extraordinaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento el 20 de marzo ha cambiado totalmente el marco fiscal europeo, al menos hasta principios de 2022, cuando una mayoría de países ya estarían recuperando buena parte del PIB perdido. Ahora, la Comisión en el "Paquete de Primavera" aconseja políticas fiscales expansivas para todos los países, independientemente del grado de cumplimiento de los objetivos en 2019, sobre todo, en el lado de la inversión.
En el capítulo de recomendaciones, además de prevenir sobre los tradicionales cuellos de botella de la economía española (tamaño de las empresas, dualidad en el mercado laboral, fragmentación regulatoria, insuficiencia de estudiantes en estudios técnicos, etc), la Comisión alerta de un aumento de los niveles de pobreza, así como de la desigualdades tanto regionales, pues en cuatro Comunidades Autónomas más de un 25% del empleo se concentra en actividades turísticas, como generacionales, ya que la recesión impactará con más intensidad en los jóvenes.
Aunque la principal novedad del informe es la recomendación de fortalecer la resistencia y la capacidad del sistema de salud, en lo que respecta a los trabajadores, los productos médicos esenciales y la infraestructura. De hecho, a nivel europeo se recomienda mejorar las estrategias de compras, diversificar fuentes de aprovisionamiento y reforzar las existencias.
Eso sí, de cara al medio plazo, cuando las condiciones económicas lo permitan, se sigue recomendando aplicar políticas fiscales destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes y asegurar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión pública y privada ligada a los grandes proyectos transversales europeos. Por último, reseñar que la Comisión juzga muy importante la desviación fiscal de España en 2019, especialmente en déficit estructural, pues frente a una recomendación de reducir la brecha en 0,65 p.p. de PIB, se amplió en un 0,5 p.p., hasta situarse por encima del 3% del PIB.
Es la asignatura pendiente de las finanzas públicas españolas, que deberemos abordar antes o después. De momento, en el corto plazo, este año las necesidades de financiación del Tesoro van a aumentar hasta 297.000 millones, como consecuencia del incremento de la emisión neta de deuda desde 32.500 a 130.000 millones, lo que recoge el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. Hasta hoy se ha emitido casi un 50% del total, a un coste que sigue siendo muy atractivo (0,31%). Algo que debemos agradecer a los salvavidas monetarios y fiscales europeos.