Érase una vez un país donde había un problema creciente de acceso a la vivienda y los precios, tanto de alquiler como de compra, no paraban de crecer. La tensión en la calle subía porque hubo desahucios de inquilinos y la gente se manifestaba o acampaba en las plazas públicas a modo de protesta.

Ante tan grave situación (que llevaba años produciéndose), el Gobernador de aquel país cogió la máquina de escribir y en pocos días sacó dos normas que prometían arreglar el problema de golpe: limitemos las subidas de los precios, hagamos prórrogas obligatorias de cinco años y si el arrendador no quiere renovar, obliguémosle a indemnizar al inquilino.

Lleno de orgullo, el Gobernador llevó a toda velocidad las normas al Congreso de los Diputados para que las aprobaran los representantes de los partidos políticos pero…… lejos de aprobarlas, las rechazaron.

¡Inexplicable! ¿Cómo podía haber ocurrido eso?

A pesar del varapalo y desoyendo las advertencias, el Gobernador no se dio por vencido y, persuadido de la eficacia de sus medidas, aprobó los decretos en la Diputación Permanente del Congreso y se publicaron en el Boletín Oficial del Estado para que entrasen en vigor.

Lo había conseguido. Había vencido a todos.

Y sin embargo, el problema empezó a hacerse cada vez mayor. Desde la aprobación de los decretos famosos, cada día se retiraban del mercado de alquiler más de quinientas viviendas. ¿Qué había pasado?

Algo muy sencillo: que el Gobernador era miope y sólo veía lo que tenía cerca. En sus larguísimos decretos hablaba de machismo, legislación retrógrada, especulación voraz, socimis, fondos buitre, concentración de la oferta y cosas así, y no miró que detrás de esas casas que ya no se ofertaban estaban Paco, José Luis, Eduardo, Vicente y su hermano Carlos o Nacho.

Ni Paco, ni José Luis, ni Eduardo, ni Vicente ni Nacho eran buitres, ni machistas, ni retrógrados ni concentraban nada. Paco tenía un pisito donde había metido sus ahorros y con ese alquiler completaba la pensión que le había quedado después de ser autónomo toda su vida. José Luis había heredado el piso de sus padres en Valladolid pero vivía en Granada, porque su mujer era médico y tenía allí su plaza en el hospital.

Eduardo se había comprado un apartamento pequeño en Chamberí, luego se casó, vinieron los mellizos, ya no cabían y se tuvieron que mudar a Villanueva del Pardillo. Vicente estaba soltero y tenía un EPOC muy avanzado que cada vez le hacía necesitar más ayuda, así que se fue a vivir con su hermano Carlos (que estaba viudo) y alquiló su casa de toda la vida para contribuir a los gastos. Y Nacho es ingeniero, se había hipotecado para comprarse por fin su piso después de vivir unos cuantos años en casa de sus padres para ahorrar y justo ahora le acaban de mandar fuera de España para un proyecto de varios años, con lo que alquilar su casa parecía una buena idea para seguir pagando la hipoteca.

¿Y quién les protegía a ellos si los inquilinos no pagaban? Porque meterte en un pleito para echarlos……. Olvídate. Años por delante y ya veríamos. Además de que todo subía: la comunidad de propietarios, el seguro de la casa, una derrama para arreglar el ascensor…. Pero la subida de la renta estaba limitada y encima, ahora, si decidían no renovar el alquiler al vencer, tendrían que indemnizar al inquilino (y eso sin tener en cuenta que la fianza no iba a ser bastante para arreglar la casa cuando se fuera porque, como le había ocurrido a Eduardo, el inquilino de su piso tenía un perro que había destrozado la tarima).

Las moralejas de este cuento son muchas: que no se puede legislar ignorando la realidad, que la legislación debe dar respuesta a necesidades de los ciudadanos sin perjudicar a otros sectores sociales o que la inseguridad jurídica afecta negativamente y de modo directo e inmediato al mercado tanto a nivel macroeconómico como “a ras de calle”. Vayamos por partes.

Es cierto que en España existe un problema de acceso a la vivienda, sí. Pero no es menos cierto que son las personas físicas (esto es, particulares) quienes detentan la inmensa mayoría del alquiler residencial. Las normas recientemente rechazadas (y luego aprobadas “por la puerta de atrás”) han establecido un conjunto de medidas de protección al inquilino tan alejadas de la realidad del perfil de propietario que han conseguido el efecto radicalmente contrario: la contracción de la oferta de alquiler del mercado residencial (cerca de ocho mil viviendas en pocos días).

Por una parte, porque las sucesivas reformas de la normativa referida al arrendamiento residencial han venido penalizando la tenencia de inmuebles (y, por ende, una vía de ahorro e inversión) situando al arrendador en una posición de franca desprotección ante situaciones tan comunes como el impago de la renta y la negativa al desalojo del inmueble.

Por supuesto que es necesario proteger al arrendatario, pero no a costa de situar al propietario del inmueble ante una situación de desamparo en la que le termine resultando más rentable dejar la casa vacía.

Porque tanto el derecho a una vivienda digna y adecuada como el derecho a la propiedad privada están amparados por la Constitución española. ¿Se puede (o debe) legislar teniendo en cuenta sólo uno en detrimento del otro? A la vista del efecto inmediato de retirada de viviendas del mercado del alquiler, no parece lo más sensato.

Y si esta sensación de inseguridad del arrendador particular la elevamos a un nivel de inversión a mayor escala en el mercado inmobiliario, el resultado es la falta de construcción de vivienda destinada al alquiler.

Los hechos de las últimas semanas han tenido un efecto devastador a todos los niveles, generando una enorme desconfianza hacia un país y un sistema donde las normas no protegen y se imponen aunque el propio Congreso de los Diputados las haya rechazado.

La vivienda es una cuestión transversal que requiere de soluciones consensuadas y largoplacistas que busquen un equilibrio entre hacer efectivo el derecho a una vivienda digna (artículo 47 de la Constitución) y respetar el contenido esencial de la propiedad privada (artículo 33 del mismo cuerpo normativo) y, precisamente por ello, no puede resolverse con fórmulas improvisadas que contentan a unos y perjudican gravemente a otros que son una palanca esencial de la solución del problema.

Quizá tendrían más sentido medidas fiscales que incentiven el ahorro para la compra de vivienda (las famosas cuentas ahorro-vivienda) pero también la rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler, una mayor agilidad en la concesión de las autorizaciones para la construcción, liberalización de suelo, destino de tantos edificios públicos a la construcción de vivienda (sea social o de otro tipo) o la regulación de procedimientos judiciales que permitan al propietario la recuperación inmediata del inmueble en caso de impago (en lugar de afrontar años de litigio) o que la Administración Pública (ya sea local, autonómica o estatal) garantice a los propietarios el pago de los alquileres de aquellos arrendatarios considerados vulnerables o, llegado el caso, la posibilidad de recuperación de la vivienda.

Por todo ello, tal vez el Gobernador, además de unas gafas nuevas, necesite un libro de Historia donde estudiar que las soluciones improvisadas y sin sustento económico y social rara vez consiguen el resultado perseguido sino, más bien, el contrario (como ya le ocurrió a Girón de Velasco en los años 50 del pasado siglo).