Alejar al minorista del riesgo inicial del parqué es la filosofía que ahora prima en los estrenos bursátiles. Atrás quedaron las históricas campañas masivas de privatización de los años 90 (Telefónica, Repsol, Endesa) en un fenómeno que se bautizó como "capitalismo popular". Los problema judiciales e institucionales de operaciones como la salida a Bolsa de Bankia en 2011 han llevado a los bancos colocadores y a las empresas a vender acciones solo a las instituciones (bróker, fondos de inversión, pensiones, bancos…). Tanto la salida a Bolsa de Puig como la de Digi no contó con tramo minorista. Curiosamente también fue posible adquirir acciones de la firma SpaceX. Y en ampliaciones de capital, ACS hizo este pasado mes de mayo un desdoble por 679 millones que se vendió en grandes bloques a institucionales a un pecio de 12,5 euros.

Una buena muestra de ello es el BME Easy Access, presentado en mayo del pasado año por la CNMV y Bolsas y Mercados Españoles, que permite a compañías con valoraciones esperadas superiores a los 500 millones de euros su admisión directa sin cumplir el requisito de distribución mínima de acciones entre el público general. Durante este período inicial de hasta 18 meses, la negociación queda restringida exclusivamente a inversores profesionales, dejando fuera al ahorrador de a pie hasta que el valor se consolide.

Productos desaparecidos

Uno de los principales cadáveres de esta prohibición han sido las participaciones preferentes y la deuda subordinada. Fueron el producto estrella comercializado de forma masiva por las cajas de ahorros a finales de la década de 1990 y durante los años 2000. Se vendían fraudulentamente en las oficinas de barrio como un "falso plazo fijo" que ofrecía una rentabilidad atractiva (entorno al 6%-7%) con total disponibilidad del dinero.

Sin embargo, eran instrumentos perpetuos (sin fecha de vencimiento), con cupones condicionados a que la entidad tuviera beneficios y con capacidad de absorción de pérdidas en caso de quiebra. No contaban con la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. Así, con la crisis bancaria y el rescate financiero de 2012, cientos de miles de familias descubrieron el bloqueo de sus ahorros, sufriendo severas quitas. El regulador intervino prohibiendo de hecho su venta minorista con la exigencia de un importe nominal mínimo de emisión de 100.000 euros a 200.000 euros, en exclusiva para el mercado institucional.

Otro instrumento, en este caso del activo bancario que desapareció fueron las hipotecas multidivisas. Entre 2004 y 2008, en pleno auge del boom inmobiliario, se comercializaron miles de hipotecas ligadas a divisas extranjeras con tipos de interés históricamente bajos (especialmente el yen japonés y el franco suizo), prometiendo cuotas mensuales muy inferiores a las indexadas al Euríbor.

El cliente asumía como riesgo no solo la fluctuación del tipo de interés extranjero, sino también el riesgo de tipo de cambio. Si el euro se depreciaba frente al yen, no solo subía la cuota mensual, sino que el capital total adeudado en euros aumentaba sustancialmente. La devaluación del euro multiplicó las deudas de miles de familias. Una sentencia del Tribunal Supremo en 2017 declaró la nulidad parcial por falta de transparencia. Finalmente, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario de 2019 reguló un estricto derecho de conversión obligatoria de divisa para el consumidor, provocando que la banca las retirara de forma definitiva de su oferta.

Los productos estructurados para inversores minoristas se han dejado de ver en la publicidad de las instituciones financieras. Consiguieron mucha popularidad antes de 2008 y prometían rentabilidades ligadas a cestas de acciones (como Inditex, Telefónica o Repsol) manteniendo teóricamente el capital a salvo mediante barreras de protección de pérdidas.

Sin duda, la opacidad de las fórmulas de cálculo, el uso interno de derivados complejos (opciones y swaps) y el elevado riesgo de contraparte o del emisor del producto (caso de la quiebra de Lheman Brothers que afectó a muchos inversores minoristas españoles) forzaron la entrega obligatoria del folleto KID (Documento de Datos Fundamentales) que simula escenarios de pérdidas extremas, sumado al semáforo de riesgo (rango máximo 6/6). Las sucursales bancarias los han eliminado por completo ante el pánico a las pruebas de conveniencia. Estos productos han quedado únicamente para los inversores que acceden a la banca privada.

Otro producto que terminó con la primera crisis inmobiliaria es de los fondos inmobiliarios que fueron comercializados por grandes entidades como BBVA o Banco Santander. Sobre la vivienda pendía un favorable sambenito de que nunca había bajado el precio. Pero desde la crisis del ladrillo en la segunda década de este siglo los precios cayeron fuertemente después de la burbuja de la construcción con una oferta muy superior a la demanda, lo contrario de lo que ahora ocurre. Esto llevó a que los grandes bancos decidieran liquidar este producto para evitar problemas con las partícipes por ventas (aunque estaban limitadas a unas pocas veces al año) de sus participaciones en el fondo. Visto con la perspectiva de los años, tal vez los fondos inmobiliarios no eran tan mala opción para el inversor minorista.

Ocaso del ahorro para la jubilación

Están muy lejos de desaparecer, pero los planes de pensiones individuales han perdido su atractivo fiscal. Estos fondos eran los reyes indiscutibles de las campañas navideñas de ahorro en España. Millones de trabajadores aportaban anualmente grandes sumas gracias a su potente incentivo fiscal, que permitía reducir la base imponible del IRPF.

Pero el declive de este producto no solo nace de decisiones políticas que redujeron su desgravación. También las elevadas comisiones de gestión, unas rentabilidades que habitualmente no batían a la inflación y una escasa liquidez (jubilación, desempleo de larga duración, enfermedad o antigüedad de 10 años) afectaron a este ahorro para la jubilación. El Gobierno redujo progresivamente el límite de aportación anual con derecho a desgravación fiscal, rebajándolo drásticamente de los históricos 8.000 euros anuales a tan solo 1.500 euros actuales, destruyendo por completo el atractivo comercial de captación para la banca.

La protección legal

La Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), en vigor desde enero de 2018, supuso un cambio drástico en la comercialización de productos financieros en la Unión Europea. Su principal objetivo es proteger al inversor minorista imponiendo un estricto filtro de transparencia a las entidades comercializadoras. Así, deben hacer una segmentación entre clientes minoristas (máxima protección jurídica) y profesionales.

Esto viene acompañado de un test de idoneidad y conveniencia por el que el sistema bloquea de forma automática la venta de cualquier producto catalogado como complejo si el perfil del ahorrador es puramente conservador. A ello se sumó una mayor transparencia en los costes. Así, deben informar explícitamente en euros y porcentajes del impacto total de las comisiones y costes del producto, reduciendo los márgenes comerciales opacos de las redes de sucursales bancarias.