Y es aquí donde entra en juego la figura del asesor financiero. Profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta, además, su edad, su patrimonio, su tipo impositivo, su situación profesional e incluso familiar. Una vez analizado el perfil de riesgo del inversor y sus necesidades, el asesor financiero llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorando al cliente según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual. A pesar de esto,
la desconfianza del inversor lleva a no contar con los servicios del asesor financiero. Según una encuesta realizada por la compañía de servicios financieros Skandia a través de la consultora Fron&Query
, el 80% de las personas con rentas normales no contratan sus servicios, porcentaje que se reduce al 39% en el caso de los grandes patrimonios. Sin embargo, los que sí cuentan con un asesor financiero les confían a estos el 99% de las decisiones sobre su patrimonio.

Una desconfianza hacia esta figura que hace cada vez más necesaria la acreditación profesional de los asesores financieros. “En situaciones de crisis o de graves turbulencias financieras como las actuales, el papel del asesor financiero con acreditación profesional se hace todavía más imprescindible” comenta Carlos Tusquets Trias de Bes, presidente de €FPA (European Financial Planning Association) que añade, “el mercado necesita asesores expertos, certificados, con los conocimientos técnicos y valores éticos necesarios que garanticen –asegura Tusquets Trias de Bes- la profesionalidad, seriedad y honestidad”.

Según explica este experto financiero, “la crisis depura a los verdaderos profesionales y diferencia a los asesores de los simples vendedores”. Y es aquí donde entra en juego €FPA, cuya misión “es garantizar la profesionalidad de los asesores financieros pertenecientes a esta asociación, asegurando –explica el presidente de €FPA- una conducta ética profesional a través de la aceptación del código ético y de la recertificación que cada dos años obliga a demostrar una actualización de conocimientos continua”.