Hace dos semanas, el regulador del mercado energético británico (Ofgem) anunció que la factura energética  de un hogar medio del país aumentará hasta las 3.549 libras esterlinas a partir de comienzos de octubre. Y  el Reino Unido no es, ni mucho menos, una excepción. En el gráfico sobre estas líneas exponemos nuestras  estimaciones actuales sobre cuánto podrían subir las facturas energéticas de los consumidores en las  mayores economías europeas durante los próximos dos años si los gobiernos no intervienen. 

Lo que importa no son tanto las cifras concretas, sino la enorme magnitud de estas subidas. El lastre para  los consumidores y el efecto sobre la inflación (por ejemplo, por la vía de los incrementos salariales o los  costes más altos repercutidos por las empresas) son tan grandes que cabe esperar alguna forma de  intervención por parte de los estados. 

Opciones de las autoridades 

Una opción es mantener o rebajar los precios máximos de la energía y subvencionar directamente a las  eléctricas. Otra opción, que está siendo planteada por algunos proveedores de energía, es que las eléctricas  asuman déficits de tarifa, de tal modo que registren en sus cuentas el precio teórico que cobrarían a los  clientes en función de los precios del mercado mayorista, pero después cobren una tarifa más baja. La idea  es repartir los mayores costes que deben asumir los clientes a lo largo de varios años y, entretanto, que las eléctricas soporten el déficit en sus balances. Sin embargo, esta idea inmovilizaría una enorme cantidad de  fondo de maniobra y, por lo tanto, requeriría alguna forma de aseguramiento público para que fuera viable. 

Una posible tercera opción conlleva intervenir directamente en el mecanismo por el que se fijan los precios  de la electricidad. Generalmente, el precio al contado recoge el precio necesario para incentivar ese pequeño  plus de suministro que hace falta para atender la demanda. En la mayoría de los países europeos, este  suministro se cubre generalmente con gas. Sin embargo, en un país como España el gas únicamente  supone alrededor del 15% de su mix energético total. Así pues, a comienzos de año España y Portugal  crearon un mecanismo que limita el precio del gas natural que los proveedores de electricidad pueden  utilizar, lo que se traduce en precios al contado más bajos de los que resultarían si se utilizaran los precios  actuales del gas. 

Efecto dominó 

Los mecanismos anteriores son caminos ligeramente diferentes para llegar al mismo destino: aislar a los  consumidores del impacto total de los aumentos de los costes mayoristas de la energía impidiendo a las eléctricas repercutírselos directamente. A consecuencia de ello, las eléctricas asumen pérdidas y estas  después se socializan mediante un mecanismo u otro. 

Pero ahí no acaba la cosa. Por ejemplo, los gobiernos que traten de replicar el mecanismo ibérico tendrán  que considerar qué ocurre con las coberturas que ya tienen contratadas los actores del mercado.

También  preocupa el hecho de que aumentar los déficits presupuestarios podría volver a poner la lupa sobre las  cuentas públicas de algunos miembros del euro, lo que podría tener repercusiones para la política del Banco Central Europeo. 

Lo que no hacen en modo alguno estas políticas es abordar la causa última de esta espiral alcista en los  precios. Se ha reducido el suministro de gas natural procedente de Rusia y las fuentes de suministro alternativas están operando al límite a corto y medio plazo. A más largo plazo, los argumentos a favor de  potenciar las energías renovables —ampliamente aceptadas ya entre las eléctricas— no han hecho sino reforzarse. 

Sin embargo, entretanto tendrá que destruirse demanda para que el mercado se equilibre. Aunque un precio  más elevado es la forma habitual de conseguirlo, es muy probable que resulte política y socialmente  necesario interrumpir ese proceso. Para ello, se necesitará un mecanismo alternativo. Si se empieza a hablar  de racionamiento energético, ya sabe por qué.