El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en Londres mantiene las medidas cautelares establecidas inicialmente el 31 de agosto de 2018, que prohibían a la empresa portuaria del Gobierno de Yibuti, Port de Djibouti S.A. («PDSA») interferir en la gestión de la empresa conjunta, Doraleh Container Terminal S.A. («DCT»).

El 31 de agosto, el Tribunal estableció unas medidas cautelares sin preaviso para PDSA, como accionista de DCT, que prohibían las siguientes acciones:

  • No actuará como si el acuerdo de empresa conjunta con DP World hubiera terminado.
  • No designará nuevos directores o retirará de su puesto a los directores designados por DP World sin su consentimiento.
  • No propiciará que la empresa conjunta DCT actúe en «materias reservadas» (estando estas contractualmente reservadas a DP World) sin el consentimiento de DP World.
  • No ordenará ni indicará a DCT que ordene al Standard Chartered Bank en Londres la transferencia de fondos a Yibuti.

Tras la audiencia celebrada el 14 de septiembre de 2018, a la que PDSA no se presentó pese a haber sido notificada, el tribunal ordenó que las medidas cautelares se mantengan hasta que dicte una nueva orden o emita un laudo el tribunal de arbitraje de la Corte de arbitraje internacional de Londres («LCIA») que se formará de forma inminente para considerar la controversia sobre las acciones con DP World.

En la solicitud de DP World, la Corte amplió también las medidas cautelares para incluir a cualquier ‘afiliado’ de PDSA. Según lo establecido en el Acuerdo de empresa conjunta, los afiliados de PDSA incluyen al Gobierno. La decisión obedece a la promulgación de un decreto de «emergencia» por parte del Presidente de Yibuti el 9 de septiembre. Este decreto pretendía transferir al Gobierno de Yibuti las acciones que PDSA tiene en DCT.

El 23,5 % de PDSA es propiedad de China Merchants Port Holdings Company Ltd de Hong Kong («China Merchants»).

El Tribunal, además, ordenó que PDSA debe asegurarse de que cualquier cesionario de acciones de DCT está jurídicamente vinculado al Acuerdo de empresa conjunta y a los Artículos de Asociación del mismo modo que lo está PDSA. Esta resolución significa que ni el Gobierno ni PDSA pueden controlar DCT o dar instrucciones válidas a terceros en nombre de DCT sin el consentimiento de DP World.

La semana pasada, DP World confirmó que seguirá utilizando todos los medios jurídicos para defender sus derechos como accionista y concesionario de la terminal de contenedores Doraleh ante el evidente desprecio a la ley y a los contratos mercantiles vinculantes por parte del Gobierno.

Un portavoz de DP World afirmó: «Se trata de una más de una serie de resoluciones, todas favorables a DP World, que demuestran el continuo desprecio de Yibuti por las leyes. Nos reafirmamos en nuestra creencia de que, a la vista de este comportamiento, las empresas que deseen operar en este país, o que ya lo estén haciendo, deben replantearse seriamente sus tratos comerciales con este Gobierno».

El Acuerdo de Concesión de 2006 que el Gobierno adjudicó a DP World se rige por las leyes inglesas. Establece que todas las controversias relativas al Acuerdo serán resueltas a través de un arbitraje vinculante ante la LCIA con dos procedimientos ante la LCIA ya concluidos.

En el primer procedimiento, el Gobierno interpuso una demanda arbitral en contra de DP World con el objetivo de rescindir el Acuerdo de Concesión, manifestando que las condiciones del mismo no eran justas para el Gobierno y se habían establecido mediante sobornos. El tribunal de la LCIA (integrado por Sir Richard Aikens, Lord Hoffmann, Peter Leaver QC) falló en contra del Gobierno, determinando que las condiciones eran justas y no hubo soborno. Determinadas reconvenciones interpuestas por DCT y DP World en relación con el derecho exclusivo de DP World a las instalaciones de manipulación de contenedores en Yibuti están pendientes de la decisión del Tribunal.

En un procedimiento separado, otro tribunal de la LCIA (integrado por el Profesor Zachary Douglas QC) consideró que el Acuerdo de Concesión de 2006 era válido a pesar de los intentos del Gobierno de ponerle fin mediante leyes y decretos especiales. La reclamación de daños que DP World hace al Gobierno se determinará ahora en estos procedimientos.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha realizado ninguna oferta para compensar a DP World.

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