Muchas empresas españolas, especialmente constructoras, y otras que prestan servicios a municipios como FCC, están sufriendo duras ventas, tras la victoria electoral de partidos con programas radicales.

Pero hay que tener en cuenta que una cosa, es proponer un programa prometiendo todo tipo de cosas, aunque sea con buena intención y otra muy distinta para empezar... que sea legal hacer todo lo que se ha prometido, o que sea medinamente viable. Entre alguna de las ocurrencias se habla de "proponer quitas" de la deuda "selectivas", parece demencial que se puede pensar en eso, sin plantearse la dificultad legal de hacer algo así...Vean esta cita de Reuters de un artículo extenso sobre este tema, y las ventas que están sufriendo algunos valores, por miedo a la aplicación de estos programas radicales:





Aunque no esconden su preocupación, fuentes del sector minimizan el impacto por la vigencia legal de los contratos, el alto coste de que los ayuntamientos vuelvan a asumir estos servicios, hipotéticas dificultades de carácter laboral y ajustes de presupuestos.
"En realidad lo que puede ocurrir es que se apliquen criterios más transparentes, más restrictivos, más regulados, pero al final serán las mismas reglas para todos y las empresas no van a acudir a los concursos a pérdida", explicó un alto cargo de una de las constructoras. "La municipalización de estos servicios requeriría mucho dinero e implicaría dificultades de recursos humanos, la opción de las empresas es mucho más barata y eficaz".