En las jornadas Challenges for Banking Resolution.

http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Subgobernador/Arc/Fic/restoy040614e.pdf

En definitiva:

*       Así pues, durante la crisis, y en particular tras el colapso de Lehman Brothers, las autoridades reconocieron abiertamente que las quiebras bancarias -aunque no sean especialmente grandes o complejas- pueden deteriorar gravemente la estabilidad financiera, convirtiendo el rescate en una respuesta natural. Por consiguiente, se rescató de manera generalizada a los acreedores de entidades de crédito en dificultades. Estos rescates han confirmado sin duda la existencia de una garantía implícita para los pasivos bancarios, que supone un gran desafío para los saldos presupuestarios y distorsiona considerablemente el sistema de incentivos de los gestores de las entidades de crédito y los proveedores de fondos.

*       Actualmente, existe un amplio consenso en torno a que, para restablecer los incentivos socialmente deseables y minimizar el uso de los recursos públicos, no basta con intentar evitar las quiebras bancarias adoptando políticas regulatorias y supervisoras adecuadas, sino que también es necesario poder dar una solución ordenada a las entidades no viables y evitar así la perversa disyuntiva existente entre dos importantes objetivos de las políticas públicas: mantener la estabilidad financiera y proteger el dinero de los contribuyentes.

*       En la práctica, un objetivo esencial del nuevo enfoque es poner fin a la situación en la que, como consecuencia de la intervención pública, los pasivos bancarios no están sujetos a la habitual jerarquía de absorción de pérdidas que se aplica a las situaciones de quiebra de conformidad con la legislación mercantil. En otras palabras, la adopción de una medida de resolución para impedir la quiebra de una entidad de crédito, que de otro modo sería inevitable, no debería implicar un rescate general de los acreedores de dicha entidad.

*       Una cuestión importante del actual debate sobre las características específicas del régimen de resolución es el alcance de los mecanismos de imposición de pérdidas (bail-in), es decir, en qué condiciones y hasta qué punto los acreedores de las entidades de crédito estarán obligados a asumir las pérdidas de los bancos objeto de resolución. Un asunto ampliamente debatido es el tratamiento de los depósitos no garantizados y de los instrumentos de deuda senior.

*       En la Unión Europea, la Directiva de recuperación y resolución de entidades financieras (BRRD, en sus siglas en inglés) -que entrará en vigor el próximo año- establece un ambicioso enfoque sobre la resolución, que plenamente incorpora la nueva cultura de asunción de pérdidas a accionistas y acreedores no garantizados. Esta Directiva contempla, a partir de 2016, un sistema con arreglo al cual una entidad de crédito ha de utilizar al menos el 8% de su pasivo total para absorber déficits de capital, antes de recurrir a financiación externa para su recapitalización. La activación de las herramientas de asunción de pérdidas seguiría un orden de prelación del que no se excluirían los depósitos minoristas no garantizados ni los derechos del fondo de garantía de depósitos, aunque gozarían de preferencia frente a los acreedores subordinados y los obligacionistas.

*       Seguramente, es necesario adoptar medidas adicionales para dar credibilidad a estos mecanismos de bail-in y reforzar el tratamiento especial de los depósitos. En particular, podría ser conveniente, al menos en el caso de las instituciones financieras sistémicas, añadir al umbral mínimo global de asunción de pérdidas ex post del 8%, una cantidad mínima ex ante de instrumentos específicos, que serían susceptibles de ser convertidos fácilmente en capital inmediatamente después de que se alcanzase el punto de inviabilidad, por ejemplo, mediante cláusulas específicas en los contratos de suscripción de dichos instrumentos. Este requisito previo -que se está debatiendo actualmente a nivel del FSB dentro del concepto de capacidad mínima de absorción de pérdidas en caso de resolución (GLAC, en sus siglas en inglés)- puede sin duda resultar útil para complementar la Directiva de la UE que ya permite a las autoridades competentes ordenar a los bancos que ajusten sus balances con carácter preventivo para facilitar la eventual imposición de pérdidas.

*       El SRM garantiza no solo la armonización del marco de resolución en la zona del euro -como contempla la BRRD-, sino también que la política de resolución, al menos para los países que participan en el mecanismo único de supervisión, sea gestionada centralizadamente por una Junta Única de Resolución que gozará de un alto grado autonomía. Además, esta Junta gestionará un fondo de resolución común -financiado por el sector- que con el tiempo se convertirá en un mecanismo de respaldo común para cubrir los costes de resolución de todos los bancos significativos de los países participantes.

*       Con todo, el caso de España también sugiere que la asunción de pérdidas por parte de instrumentos de deuda subordinada en manos de inversores minoristas conlleva una complejidad adicional considerable. Como consecuencia de los compromisos adquiridos con las autoridades europeas en el marco del programa de asistencia financiera y de la aplicación de las normas sobre ayudas de Estado de la UE, las autoridades españolas tuvieron que promover o proceder directamente a la conversión de participaciones preferentes y deuda subordinada en acciones y aplicar significativos recortes de valoración, en todas las entidades que necesitaron ayudas del Estado. Esta imposición de pérdidas masiva a los instrumentos mantenidos principalmente por inversores minoristas no solo dio lugar a un serio problema social, sino que también redujo el valor de las franquicias, exacerbando la fragilidad de las entidades que requerían ayudas públicas en forma de capital.

José Luis Martínez Campuzano
Estratega de Citi en España